En el marco de los Juegos Bolivarianos del año 2012, jinetes militares se preparan de cara a participar en la llamada “prueba completa” ecuestre.

Documentos oficiales de la época demuestran que el ejército adquiere –con el concurso de oficiales de alta graduación- caballos deportivos de la Argentina a través de intermediarios. El ganado sumó tres ejemplares y fueron transportados por tierra desde el país trasandino.

La DIRCOCOR sugirió la probable figura –además de presunto peculado y malversación de fondos por parte de los involucrados oficiales del ejército- de contrabando pues en función a lo dicho en la carpeta los animales fueron posiblemente acarreados e ingresados al Perú ilegalmente desde la Argentina y no adquiridos en el mercado global, regional o local vía proceso concursal.

EL DATO. Historia de una investigación del Ministerio Público a propósito de una compra de caballos para el ejército.

La investigación de la policía se disparó de acuerdo con y en reporte fiel a una denuncia hecha en  noviembre del 2013 ante el Ministerio Púbico contra miembros del ejército y civiles [entre ellos un argentino indica la imputación: José Ortelli] involucrados en esta dudosa "importación" del ganado. 

A raíz de esta acusación previa, la fiscal citó a los imputados.

Según la policía y el denunciante actual, José Ortelli fungió –simultáneamente- de trader del ganado, de juez de la etapa clasificatoria de la prueba completa y de entrenador del equipo peruano de dicha prueba donde participaron parte de los oficiales presuntamente involucrados en los hechos mencionados por la policía.

Ortelli cobró por los tres servicios y actualmente es entrenador del Perú señalan testigos.

Uno de los caballos, por las pésimas condiciones por las que fue traído a la ciudad de Lima murió de hipotermia en la puna o frontera boliviano peruana indicó la policía. 

El informe de la unidad especializada policiaca fue enviado en febrero del 2014 al despacho de la Dra. Norah Córdova, fiscal provincial titular especializada en delitos de corrupción de funcionarios.

Tras una pesquisa previa, los oficiales y civiles –salvo Ortelli quien nunca dio la cara de acuerdo con la fiscalía- dieron su manifestación no encontrando indicio o prueba que obligue la imputación y juicio formal siendo sobreseídos los punibles de malversación y peculado pero no hace mención alguna respecto al requerimiento de contrabando sugerido por la DIRCOCOR.

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Tras cinco años de ello y gracias a la denuncia formal [por los presuntos delitos descritos según la policía] recogida por la Comisión de Defensa del Congreso por parte del coronel Miguel Aliaga, se retoma el caso en su etapa preliminar.

Este oficial fue convocado a mediados de febrero por el Ministerio Público para rendir su manifestación como denunciante de los hechos ante la 2° Fiscalía Corporativa Especializada en Delito de Corrupción de Funcionarios De Lima.

En este despacho, liderado por la Dra. Martha Salinas Zavala, el oficial brindó detalles de los posibles delitos realizados entre los años 2012 y 2013; y con posterioridad.

“Estamos hablando de una supuesta organización al interior del ejército que actuó –posiblemente- con la impunidad que le daba un Gobierno sometido a la corrupción”, dijo Aliaga en referencia a la gestión de Ollanta Humala Tasso comprendido en investigaciones por lavado de activos a propósito de la trama Odebrecht Lava Jato y tras haber sido–Humala y su esposa- sujetos de prisión preventiva.

“Pero ese Gobierno ya no está al mando”, puntualiza Aliaga.

Los oficiales investigados en el pasado se encuentran en la actualidad en actividad y “premiados con ascensos y trabajando en puestos claves del ejército peruano”, dice Aliaga.

EL DATO. De acuerdo con especialistas consultados, dadas las características de las pruebas el inicio del juicio se puede concretar con celeridad a través de una formalización del caso por parte de la fiscalía.

“Es peligroso tener a esta gente al interior del ejército y en oficinas vinculadas a la alta dirección de la institución; aquí es crítico el rol del comandante general del ejército –Jorge Celiz Kuong- quien debe responder por estos oficiales y la probable obstrucción a la justicia que puedan realizar”, indicó el denunciante.

“Equivaldría a que Jorge Barata [de Odebrecht] sea ministro de vivienda, Marcelo Odebrecht jefe de licitaciones de la Municipalidad de Lima y Horacio Cánepa siga siendo árbitro”, matizó.

El militar denunciante dice que el ejército ya tiene conocimiento de estos hechos; sobre todo la oficina de inspectoría al mando del general Próspero Díaz Arrué quien –según Aliaga- está obligado por ley a investigar y sancionar a los responsables.

“El protocolo del ejército debe ser de tomar acciones inmediatas y desde luego dentro de la lucha anticorrupción que lidera el presidente Vizcarra”.

Esto recién empieza.

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